Rajoy ha anunciado dos medidas legales para dar al traste con el Estatut que son más que discutibles. Diríase, al menos, que son de dudosa constiucionalidad en un caso, y de mala práctica legal en otro.
1ª medida: Recurrir a una iniciativa legislativa popular para convocar un referendum a nivel nacional para que el país se pronuncie sobre el Estatut. Indepedientemente de como consideremos la idea y su oportunidad, asunto que ya he comentado, lo cierto es que, como ha señalado Rubalcaba, la Constitución dice en su artículo 87.3 sobre la iniciativa popular que "No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia". El Estatuto es materia de Ley organica. Ergo...
2ª medida: plantear una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo de insconstitucionalidad ante este Tribunal con el fin de que pueda pronunciarse sobre el Estatuto antes del referéndum que se celebrará en Cataluña. O sea, la mala práctica que se traduce en que ahora cambiamos una ley porque no nos gusta como funciona. Pero de repente nos interesa muchísimo como estaba porque nos conviene políticamente, y pedimos que vuelva como estaba, aunque eso sí, pensando en que si volvemos al Gobierno, volveremos a quitarla para que a nosotros no nos hagan lo mismo.
3ª medida: hacernos creer que somos tontos.
Actualización: En el PP se han dado cuenta de la inconstitucionalidad de su propuesta y han aclarado qe sólo presentarán una proposición no de ley instando al Gobierno a convocar un referendum nacional (a pesar de que la ley dice que para el caso e un estatuto se hará sólo en la Comunidad Autónoma). Eso sí, mantendrán la estrategia de la recogida de firmas para apoyarlo. ¿Para qué si ya no se trata de una iniciativa popular? Van a resultar una imagen curiosa la de los militantes del PP en la Puerta del Sol con las mesas de firmas en plan "Save the Whales".